Características comunes

La auditoría ha encontrado cuatro características comunes presentes en los convenios:

1. La ayuda ligada: significa que el financiamiento estuvo condicionado a la compra de bienes y servicios producidos por el acreedor y a la contratación de empresas constructoras y fiscalizadoras de la misma procedencia, lo que restó garantías de calidad y precios justos. En la mayoría de casos analizados las obras presentan fallas estructurales que demandaron reparaciones costosas, con mayores cargas financieras. Como ejemplos están la Presa San Francisco, agua potable para Guayaquil, el proyecto de riego Tabacundo y el Trasvase a la Península de Santa Elena.

2. La renuncia a la soberanía con el consecuente sometimiento a una jurisdicción e idioma extranjeros, justificada por una tácita (no explícita) admisión en la Constitución vigente a la suscripción de los contratos de crédito. Así, el país concurre como un ciudadano común y enfrenta cláusulas extrañas al ordenamiento jurídico ecuatoriano.

3. Los recursos provenientes del crédito no ingresan al país. En realidad, el dinero solamente cambia de cuenta en el país acreedor, debiendo el prestatario cubrir variaciones por inflación y diferencial cambiario que se traducen en incrementos sustanciales en el costo del financiamiento. Esta circunstancia vuelve al país dependiente de la información contable ajena, dificulta el control y lo presiona a contraer préstamos complementarios para continuar las obras.

4. Los proyectos en su mayoría no cumplen con los objetivos de entregar servicios a la ciudadanía en la cantidad, calidad y cobertura previstas. Los procesos largos, engorrosos, poco transparentes han provocado variaciones significativas de precios, ajustes en las obras contratadas que a la postre repercuten en obras inconclusas y, a veces, inútiles. Generalmente se requieren de nuevas inversiones para que entren en funcionamiento. El financiador se sustrae de toda clase de responsabilidad por la construcción y prestación de servicios, pero sí busca asegurar su rentabilidad y la del contratista de su país.  
   

Hallazgos generales

En el análisis del conjunto de créditos bilaterales se identificaron tres hallazgos generales:

1. La no observancia de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) en la fase precontractual de los créditos, que puede llevar a la nulidad de los contratos puesto que la voluntad del Estado para comprometerse con los convenios de crédito fue viciada. A este respecto, el 83% de informes emitidos por la Subsecretaría de Crédito Público no incluyen un análisis de la situación económica o capacidad de pago de la entidad beneficiaria (no se encontraron los proyectos de inversión, pese a que el artículo 123 de la ley mencionada exige su envío al Ministerio de Finanzas junto a toda la documentación sustentadora), previo a obtener la autorización de endeudamiento. En cuatro de los créditos del BNDES de Brasil no se firmaron los respectivos convenios, como dispone el artículo 127 del mismo cuerpo legal.  

2. Cláusulas abusivas pactadas en los convenios, con las cuales se establecieron condiciones favorables al acreedor con el fin de obtener ventajas económicas, rompiendo la conmutatividad contractual. En el caso de prestamistas europeos, estas prácticas están expresamente limitadas en la Directiva 93-13/CEE (05/04/93) de la Unión Europea, normativa a la que están sometidos los países firmantes del Tratado Constitutivo de 1992. También están reñidas con las disposiciones de la Ley 7/98 del 13 de abril de 1998 denominada Condiciones Generales de Contratación, incluida en el derecho Español. Para el resto de países acreedores, debido a la dificultad del idioma y la no disponibilidad de la legislación respectiva, no se pudo determinar el estatus jurídico de los convenios.

En el cuadro siguiente constan, en síntesis, nueve tipos de cláusulas de los convenios analizados, que atentan contra el interés del país.

3. Los contratos o convenios contienen en su mayoría una cláusula con la exigencia del pronunciamiento del asesor jurídico de la institución beneficiaria, en la cual se declara que las obligaciones contenidas en ellos no violentan normas constitucionales, legales, jurídicas en general o el orden público de Ecuador. De hecho, se ha inducido así a una declaración falsa, pues los contratos contienen obligaciones que están en contradicción con la normativa interna ecuatoriana, como el anatocismo, las penalizaciones adicionales al interés de mora y las exenciones tributarias contractuales, admitidas sin sustento legal.

Conclusiones Generales

1. Existen indicios de ilegalidad respecto de las normas aplicables vigentes en el país (Constitución de la República, LOAFYC, Ley de Régimen Tributario Interno, Código Civil, Código de Comercio) y en Europa con relación a la legislación de España (Código Civil, Condiciones Generales de Contratación y Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores)

2. Los organismos de control no han determinado los evidentes perjuicios sufridos por el país en los procesos crediticios bilaterales.

3. Indicios de ilegitimidad por el alejamiento de principios jurídicos de aplicación universal (orden público); se presume, especialmente, en aquellos países en los cuales no se pudo verificar su legislación, tal es el caso de Brasil o Japón.

El Club de París

Al 31 de diciembre de 2007 el saldo adeudado con el Club de París asciende a US$ 839.7 millones. 

El servicio de este tramo de deuda (amortizaciones e intereses) representó el 9,5% del total del servicio de la deuda externa pagada por el gobierno central. La principal fuente de financiamiento de las amortizaciones fue con recursos internos.

La proyección de pagos hasta la extinción, es decir entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2023, ascendería a 1.125,3 millones de dólares. 

El Club de París, pese a no contar con personería jurídica, impuso condiciones en las negociaciones a Ecuador, tales como el sometimiento a la supervisión del FMI, producto de una fuerte presión del grupo de países prestamistas, así como falta de experticia y entereza de los equipos negociadores ecuatorianos.

La República del Ecuador suscribió Minutas Acordadas con un grupo de acreedores (Club de París), quienes se reservan el derecho de establecer las reglas de juego y de, en última instancia, decidir la condonación o no de una deuda. Prevalece el desbalance en cualquier forma de acercamiento del deudor o de negociación.

En las Minutas Acordadas se encuentran evidencias de irregularidades, tales como renegociaciones que incluyen el cobro de intereses sobre intereses, prohibido por la legislación ecuatoriana. No se registraron los nombres bajo la firma de los suscriptores de las referidas Minutas, lo que dificultó establecer la identidad de los representantes de las partes firmantes.

La Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas no cuenta con un sistema contable que le permita confirmar y validar los saldos de la deuda mantenida con el Club de París, la tasa de interés y los valores de amortizaciones que remite el acreedor para el correspondiente servicio. Carece de información para determinar el diferencial cambiario con divisas de los acreedores. El Banco Central del Ecuador reporta datos de equivalencia del dólar respecto de las otras divisas, a partir del año 2000; pero no presenta el diferencial cambiario del sucre respecto de otras monedas antes de ese año. Hay dificultad para obtener información presupuestaria anterior a 2001 debido a la destrucción de archivos físicos de la Subsecretaría de Tesorería.

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